Legislación pertinente
Legislación y resoluciones específicos sobre el ACR-CE
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Creación del ACR-CE: Decreto Supremo Nº 045-2005-AG, 25 de diciembre 2005
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El ACR CE actualmente es administrado por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) del Gobierno Regional de San Martín, con la Resolución Ejecutiva Regional Nº 221-2009-GRSM/PG (ver página 71) el cual viene ejecutando diferentes actividades con el objetivo de asegurar la provisión de agua y servicios ambientales. El PEHCBM, como unidad operativa para la implementación de proyectos, está subordinado al marco más amplio de gobernanza ambiental liderado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA).
Legislación nacional para la creación, gestión y conservación de áreas protegidas
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La Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834, 21 de abril de 2017, establece el marco legal para la creación, gestión y conservación de las Áreas Naturales Protegidas en el Perú. Su objetivo principal es asegurar la protección de la diversidad biológica, los ecosistemas y los valores paisajísticos y culturales asociados a estos espacios. y su Reglamento desarrolla los procedimientos, categorías de manejo y roles de las instituciones responsables, como el SERNANP, para implementar y supervisar efectivamente estas áreas.
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Ley de Creación del SERNANP – D. Leg. N.º 1013 (2008) crea el Ministerio del Ambiente y, dentro de él, el SERNANP como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE). El SERNANP es responsable de la gestión, supervisión y normatividad de las áreas naturales protegidas de nivel nacional y de brindar asistencia técnica a las áreas de conservación regional.
Demarcación de territorios dentro de áreas protegidas
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Resolución Ministerial N.° 0136-2022-MIDAGRI. Esta resolución hizo posible reconocer y demarcar territorios indígenas incluso cuando se superponen con áreas protegidas, equilibrando los objetivos de conservación con los derechos territoriales indígenas.
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Ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. Ley N.° 29785, 31 de agosto de 2011. Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
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Reglamento de la Ley de Consulta Previa – D.S. N.º 001-2012-MC
Legislación nacional sobre APCI y ONGs
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Ley N.º 32301 (2025) que modifica de la ley de la APCI (Ley N.º 27692), Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Con su reglamento (Decreto Supremo N.º 032-2025-RE) y su Reglamento de Infracciones y Sanciones (Decreto Supremo Nº033-2025-RE). La Ley modifica el marco de la cooperación internacional en el Perú, otorgando al APCI mayores facultades para autorizar, supervisar y sancionar a las ONG que reciben financiamiento externo. Esto implica que sus proyectos deben alinearse con prioridades estatales y pueden ser restringidos si se consideran contrarios al “interés nacional”. Como consecuencia, puede limitar la capacidad de las ONG para apoyar la defensa de derechos humanos, litigar contra el Estado o acompañar conflictos socioambientales vinculados a la conservación.
International legislation
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Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, Ha sido ratificado por el Perú desde 1995. Reconoce los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios, cultura y formas de vida, así como su derecho a ser consultados sobre decisiones que les afectan. También obliga a los Estados, como Perú, a proteger estos derechos y garantizar su participación en procesos de desarrollo y conservación.
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El artículo 6, inciso a, del Convenio 169 de la OIT, establece: “a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”
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El artículo 15.1 del Convenio 169 de la OIT establece: “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”